GINEBRA, 23 de mayo de 2013 – Ayer, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales emitió una serie de recomendaciones significativas al gobierno iraní. Entre estas recomendaciones se rogaba a Irán que garantice que todos sus ciudadanos, independientemente de sus creencias religiosas, gocen de plenos derechos sin discriminación alguna.
El Comité se refirió específicamente a la comunidad bahá’í, expresando su preocupación porque los bahá’ís iraníes se enfrentan a «una discriminación generalizada y arraigada que incluye la denegación de acceso al empleo en el sector público, a las instituciones de educación superior, así como a los beneficios del sistema de pensiones». Recomendó que Irán «tome medidas que garanticen a los miembros de la comunidad bahá’í protección contra la discriminación y la exclusión en todos los campos».
Diane Alai, la representante de la Comunidad Internacional Bahá’í ante las Naciones Unidas en Ginebra, acogió con satisfacción las conclusiones del Comité, conocidas como «observaciones finales». Afirmó que: «El informe de la Comisión pone de relieve el alcance de la persecución de los bahá’ís en Irán, que incluye el empleo, la educación y los asuntos culturales».
Señaló que los miembros del Comité interrogaron a los funcionarios iraníes durante una sesión de un día de duración a principios de mes, preguntando, entre otras cosas, por qué el gobierno cree que tiene que reconocer una religión en particular para conceder a los individuos ciertos derechos y por qué la discriminación contra los bahá’ís parece estar tan generalizada.
«Las personas son titulares de la libertad de religión, y esta no entra dentro de las prerrogativas públicas de los estados», dijo Nicolaas Schrijver, miembro del Comité de los Países Bajos, durante la sesión del 1 de mayo con las autoridades iraníes.
En su informe, el Comité también recomendó que Irán tome medidas para garantizar «el libre acceso de los estudiantes bahá’ís a las universidades e instituciones de formación profesional».
El informe también abarca una amplia gama de otras violaciones de derechos humanos en Irán, desde la preocupación por la discriminación contra las mujeres y las minorías étnicas en la educación y el empleo, hasta la falta de protección de los sindicatos independientes.