Declaración

El papel central que desempeñan las niñas y las mujeres en el desarrollo de las familias, comunidades y naciones se ha establecido claramente: las mujeres son las primeras educadoras de la siguiente generación; su educación tiene una repercusión enorme en el bienestar físico, social y económico de la familia; su participación económica aumenta la productividad y fomenta el progreso económico; su presencia en la vida pública se ha asociado a una mejor gobernanza y niveles más bajos de corrupción. Sin embargo, todavía ningún país ha conseguido la igualdad plena entre los géneros. Si bien las mujeres sufren las repercusiones más directas de esta continua desigualdad, el progreso de todas las facetas de la sociedad humana se ve entorpecido porque se impide a la mitad de la población mundial la realización de su potencialidad.

En los últimos decenios se han producido documentos históricos en los que se ha entrado en detalle en cuanto a los derechos de la mujer, se ha instado a poner fin a toda forma de discriminación contra la mujer y se han esbozado estrategias para promover la igualdad entre los géneros[1]. No cabe duda de que la aplicación sistemática de esas medidas exigirá un cuidadoso replanteamiento de las prioridades y procesos presupuestarios. No obstante, la financiación de este esfuerzo es solo una parte de la ecuación. Como la Comunidad Internacional Baha'i señaló en la declaración que hizo en el 51° período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, todavía existe una brecha enorme que separa el ordenamiento jurídico y la cultura, contenidos en los valores y normas institucionales, necesarios para lograr la igualdad entre los géneros[2]. La adopción de un enfoque amplio para la financiación de la igualdad entre los géneros hará necesario abordar la constelación de obstáculos culturales, institucionales y jurídicos que impiden el progreso que se necesita urgentemente de la mitad de la población mundial.

Desde esta perspectiva, ofrecemos tres medidas para su examen por los gobiernos: a) la adopción de una perspectiva de largo plazo que oriente los esfuerzos a corto y mediano plazo para financiar la igualdad entre los géneros; b) el uso de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) para la evaluación de los presupuestos nacionales, y c) la inclusión de perspectivas e instituciones religiosas.

Adopción de una perspectiva de largo plazo

Para articular una visión de la igualdad entre los géneros lógica y convincente los líderes tendrán que alejarse de las actuaciones predominantemente reactivas, de respuesta a situaciones de crisis. Junto con los objetivos de corto plazo tendrán que formular políticas desde una perspectiva de largo plazo, libres de las limitaciones intelectuales de los ciclos electorales. Centrarse exclusivamente en los objetivos de corto plazo con demasiada frecuencia equivale a limitarse a normas mínimas, orientaciones estrechas intolerantes y posiciones intermedias. Una orientación de largo plazo, con vistas a una, dos o más generaciones futuras, permitiría a los gobiernos estudiar opciones programáticas y normativas más diversas y considerar múltiples contribuciones, incluso las del sector no gubernamental, las empresas, y los sectores académico y no estructurado[3].

El primer pilar del enfoque de largo plazo es llegar a un consenso en cuanto a los objetivos más amplios del desarrollo y los resultados que deben lograrse. Los gobiernos deberán articular los objetivos de la igualdad entre los géneros en términos del bienestar de la sociedad en su conjunto: sus niños, niñas, hombres y mujeres, su paz y seguridad, su salud y su bienestar, el progreso económico, la sostenibilidad ambiental y sus instituciones de gobernanza. El segundo pilar del enfoque de largo plazo incluye la determinación de los progresos en función de los objetivos establecidos. Incluso en los países en que se tiene en cuenta la dimensión de género a menudo no se dispone de los instrumentos y sistemas de vigilancia para medir el impacto de sus políticas en las niñas y las mujeres. Como tales, los indicadores de desarrollo serán esenciales para determinar la efectividad de las iniciativas de financiación. Dada la diversidad de contextos nacionales y locales, los indicadores universales no serán aplicables, cada región tendrá que desarrollar los instrumentos más apropiados para sus circunstancias. La Comunidad Internacional Baha'i espera con interés participar en el debate sobre esta importante iniciativa.

Armonización de los presupuestos nacionales con las normas
de derechos humanos

Nuestra segunda recomendación a los gobiernos se refiere a las medidas para que los presupuestos nacionales se ajusten a las normas internacionales de derechos humanos. El presupuesto de un gobierno dista mucho de ser un valor neutral; refleja los valores del país, a quiénes valora, el trabajo de quiénes valora y cómo lo recompensa[4]. Si bien los presupuestos no suelen formularse teniendo en cuenta la perspectiva de género, la proliferación de las iniciativas de presupuestación por género indica que estos mundos están acercándose gradualmente para armonizar los procesos presupuestarios con las obligaciones de los Estados, de conformidad con las obligaciones que incumben a los Estados en virtud de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) . Este tipo de análisis de género ayuda a determinar las desigualdades entre los géneros en los procesos, consignaciones y resultados presupuestarios y evalúa las responsabilidades de los Estados de abordar esas desigualdades[5]. Sin embargo, para que el enfoque basado en los derechos sea efectivo, debe tener en cuenta no solo a la mujer sino todo su ciclo de vida, desde el nacimiento hasta la niñez y la juventud, ya que la discriminación empieza y aumenta en estas primeras etapas.

El enfoque basado en los derechos tiene precedentes. Varios países han conseguido el empoderamiento de la mujer en la esfera política, han aumentado su nivel de participación en la fuerza de trabajo y han facilitado un equilibrio entre el trabajo y la vida familiar[6]. Los gobiernos saldrían beneficiados si examinaran de cerca las prácticas de los países que han logrado cierto éxito en estos problemas aparentemente inmanejables. Noruega, que, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), ocupa el primer lugar en el índice de desarrollo humano ajustado por género y en el índice de potenciación de la mujer, puede ser un ejemplo útil. Un análisis de políticas específicas en función del género y de los obstáculos jurídicos, institucionales y culturales a la adopción de ese tipo de políticas en otros países ayudaría a formular recomendaciones de política sobre la base de ejemplos concretos.

Incorporación de la religión y los líderes religiosos

Con demasiada frecuencia los encargados de la formulación de políticas se han mostrado reticentes a abordar las dimensiones culturales y religiosas de las actitudes que determinan el tratamiento que se da a las mujeres por temor al carácter potencialmente divisivo de ese tipo de iniciativas o por no saber a quién dirigirse o cómo proceder. Pero el logro de la igualdad entre los géneros ha sido extremadamente lento precisamente por el hecho de que las cuestiones de las funciones y responsabilidades de las mujeres ponen en entredicho algunas actitudes humanas profundamente arraigadas. Dada la tremenda capacidad de influencia que tiene la religión sobre las masas —ya sea para inspirar o para calumniar— los gobiernos no pueden permitirse hacer caso omiso a su respecto.

Si no hay un diálogo sostenido entre los gobiernos y las religiones florece el extremismo religioso. En muchas ocasiones exacerbadas por la pobreza, la inestabilidad, los cambios socioeconómicos que acompañan a la globalización y el acceso a las tecnologías de la información, las voces religiosas radicales han ejercido una tremenda influencia en la política y las normas públicas. Entre los afectados por estos cambios está el papel de la mujer en la vida pública como lo demuestra, en algunas partes del mundo, el retorno a un concepto estrecho del lugar que ocupa la mujer en la familia, en la comunidad y en el mundo. La disminución de la cantidad de fondos destinados a los derechos de la mujer se ha atribuido en parte a estos cambios sociales y culturales. La situación se complica aún más con el hecho de que muchos Estados continúan refugiándose tras reservas culturales y religiosas de los tratados internacionales relativos a los derechos de la mujer. Hoy en día, casi 60 años después de la adopción de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 26 años después de la entrada en vigor de la Conferencia sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer —los gobiernos no pueden seguir ignorando las prácticas y doctrinas religiosas que violan abiertamente las normas internacionales de derechos humanos. Éstas deben estar sujetas a examen y escrutinio.

Pese a esta realidad problemática, las organizaciones religiosas constituyen algunas de las redes más antiguas y de más amplio alcance del mundo. En muchos países destrozados por los conflictos son las únicas instituciones que han sobrevivido. En las esferas de la salud, el medio ambiente, el alivio de la deuda y el apoyo humanitario, las organizaciones religiosas han liderado los esfuerzos por llegar hasta los sectores desatendidos e influir en las políticas gubernamentales. Además, dado el tremendo peso que tienen la religión y la cultura para formar la percepción del papel de la mujer en la sociedad, las organizaciones religiosas y los grupos interesados tendrán que participar de manera significativa en los esfuerzos por llevar adelante el programa de igualdad entre los géneros. Pese a que, en un principio, el lenguaje financiero y económico parece ser incompatible con el de la ética y los valores (común a las religiones), tanto los gobiernos como las organizaciones religiosas tienen que familiarizarse con la lógica y perspectivas mutuas, reconociendo que éstas hacen referencia a una misma realidad. Un sistema económico igualitario no puede existir si no se llega a un acuerdo acerca de los valores subyacentes y, no se materializarán las nociones de ética y de valores divorciados de las condiciones económicas.

Al adoptar una perspectiva de largo plazo, esforzándose por trabajar para armonizar los presupuestos nacionales con las normas de derechos humanos e incluyendo a la religión, los gobiernos pueden movilizar los recursos institucionales, culturales y jurídicos que facilitan los esfuerzos para financiar la igualdad entre los géneros. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que el empoderamiento de la mujer no es un privilegio, un ejercicio técnico ni una fórmula mágica. Es parte de un ejercicio más amplio de creación de una sociedad ordenada en la que las relaciones entre el hombre y la mujer, los padres y los hijos, los empleados y los empleadores, los gobernantes y quienes son gobernados se ciñan a los principios de justicia y emulen las más altas aspiraciones de la humanidad.