WASHINGTON- En su informe anual sobre la libertad religiosa internacional, Estados Unidos dijo que la libertad religiosa en Irán ha seguido deteriorándose durante el último año, especialmente para las minorías como la bahá’í, así como para los cristianos y los musulmanes sunníes.
«El gobierno de Irán continúa tomando parte en la sistemática, continua y atroz violación de la libertad religiosa, que implica detenciones prolongadas, tortura y ejecuciones basadas principalmente (o totalmente) en la religión de los acusados», dijo la Comisión de Libertad Religiosa Internacional de los EE.UU. (USCIRF), un cuerpo consultivo federal independiente.
«Las agresiones físicas, el acoso, la detención, los arrestos y los encarcelamientos se han intensificado», dijo la USCIRF. «Incluso algunas de las minorías religiosas protegidas bajo la constitución iraní, como los judíos, armenios, cristianos asirios y zoroastrianos, sufren acoso, intimidación, discriminación, arresto y encarcelamiento».
El informe anual examina la situación de libertad religiosa en todos los países fuera de EE.UU. Desde 1999, Irán ha sido listado como un «país particularmente preocupante» por el Departamento de Estado de EE.UU.
El informe de este año le dedica dos páginas a la situación de la comunidad bahá’í de Irán.
«La comunidad bahá’í ha sido sometida a violaciones particularmente severas con respecto a la libertad religiosa», expone el informe. «Las autoridades iraníes ven a los bahá’ís, cuyo número de creyentes es de al menos 300 000, como “herejes”, y les acusan de “apostatar” y otros cargos sin base alguna».
Cabe destacar que desde 1979 el gobierno iraní ha sido responsable de la muerte de más de 200 bahá’ís y ha despedido a más de 10 000 del sector público y de trabajos en universidades.
«Los bahá’ís no pueden establecer lugares de culto, escuelas, ni cualquier otra asociación religiosa independiente», declara el informe. «Los cementerios bahá’ís, los lugares sagrados y las propiedades de la comunidad en ocasiones son confiscadas o profanadas, y numerosos lugares religiosos importantes han sido destruidos. La comunidad bahá’í se enfrenta a una presión económica severa que implica la denegación de trabajos y licencias de empresa, tanto en el sector público como en el privado».
El informe dice a lo largo de los últimos dos años que «los bahá’ís se enfrentan a un trato severo que incluye el aumento de arrestos, detenciones y ataques violentos a casas privadas y a la propiedad personal».
Destaca que más de 650 bahá’ís han sido arrestados arbitrariamente desde 2005 y que en febrero del 2013 había por lo menos 110 bahá´ís encarcelados, el doble que a principios del 2011.
«Las autoridades iraníes han hecho un gran esfuerzo en los últimos años por reunir información sobre los bahá’ís y controlar sus actividades», dice el informe. «Durante el tiempo de redacción del informe, docenas de bahá’ís fueron arrestadas por todo el país, en Tehrán, Babolsar, Karaj, Nazarabad, Shahrekord, Semnan, Mashhad, Bandar Abbas, Shiraz y Ghaemshahr. En la mayoría de estos casos, los oficiales del Ministerio de Inteligencia aparecieron en su casa, buscaron en el edificio y confiscaron ordenadores, libros y otros materiales, y después realizaron arrestos. En la mayoría de los casos no se presentaron cargos formales».
El informe también menciona la situación de los siete líderes bahá’ís encarcelados, Fariba Kamalabadi, Jamaloddin Khanjani, Afif Naemi, Saeid Rezaie, Mahvash Sabet, Behrouz Tavakkoli y Vahid Tizfahm, subrayando que llevan en prisión desde 2008 por «una dudosa colección de cargos, cuyo rango se extiende desde el espionaje hasta la “corrupción en la tierra”».
«En agosto del 2010, los siete fueron condenados a 20 años de prisión. Las dos mujeres se encuentran retenidas actualmente en la prisión de Evin, mientras que los cinco hombres están retenidos en atroces condiciones en la notoria prisión de Gohardasht, a las afueras de Teherán. Los abogados de los siete bahá’ís, entre los que se encuentra la premio Nobel de la Paz, Shirin Ebadi, han tenido un acceso extremadamente limitado a sus clientes y a su procedimiento judicial», indica el informe.
